Gitanos
GERARDO MUÑOZ05.09.2016 | 04:39
Gitanos
Los primeros documentos que constatan la presencia de gitanos en el Reino de Valencia datan de 1460.
En 1499 (siete años después de la expulsión de los judíos y tres antes de la conversión forzosa de los musulmanes), los Reyes Católicos firmaron en Medina del Campo una pragmática en la que, después de describir a los gitanos como nómadas facinerosos («Sabed que se nos ha fecho relacion de que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos e años ha, sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna, salvo pediendo lemosna, é hurtando, é trafagando, engañando é faciendovos fechiceros, é faciendo otras cosas no debidas ni honestas»), les instaban a elegir entre el sedentarismo o la desaparición, condenando a quienes siguieran viviendo como hasta entonces a sufrir latigazos la primera vez que fueran capturados, y a corte de orejas y al exilio la segunda.
En una pragmática fechada en 1717, Felipe V insistió en la obligación de los gitanos de avecindarse. Quienes eran sorprendidos vagabundeando, sobre todo si eran jóvenes, eran tratados como vagos y obligados a trabajos forzosos en arsenales u obras públicas. En dicho año está datado el primer documento en el que se citan a gitanos alicantinos. Para cumplir con la pragmática real, el alcalde mayor de la ciudad, Francisco Esteban Zamora y Cánovas, mandó elaborar un registro en el que únicamente apareció una familia gitana residente en la ciudad, dedicada a la agricultura y al comercio de ganado.
La legislación se endureció contra el pueblo calé a partir de la publicación de la real cédula de 30 de octubre de 1745, en la que la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos acuadrillados y sorprendidos con armas de fuego, se extendió a los «encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario». Las protestas que tal medida generó entre las autoridades de aquellos lugares donde residían gitanos honrados, hizo que se dictara una provisión el 19 de julio de 1746 en la que se exceptuaba de prisión y pena de muerte a aquellos que, sorprendidos en pleno viaje, estuviesen avecindados durante los últimos diez años.
Pero con la llegada del marqués de la Ensenada a la presidencia del Gobierno dio comienzo la época más aciaga padecida por el pueblo cañí español. Concibió Ensenada un plan para «exterminar tan malvada raza»; un plan militar parecido al que acabó con la expulsión de los moriscos siglo y medio antes. «La prision ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Antes se han de reconocer los puntos de retirada para apostarse en ellos tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el secreto, en el cual consiste el logro y el que los gitanos no se venguen de los pobres paisanos». Después de informarse de la manera como se expulsó a los gitanos de la vecina Portugal, de obtener del Papa el permiso para excluir a los calés del asilo eclesiástico (refugio en templos) y convencer a Fernando VI, Ensenada llevó a efecto su plan. El 29 de julio de 1749 se produjo la conocida como Gran Redada contra los gitanos en todo el país. Unos 9.000 fueron apresados durante aquel día. En Alicante, fue el castillo de Santa Bárbara el lugar elegido por las autoridades para recluir no solo a los gitanos que residían en la ciudad, sino de la mayoría de los que vivían en el Reino de Valencia. Pero, para evitar que siguieran procreándose, los varones (mayores de siete años) y las mujeres fueron encerrados por separado: en arsenales y castillos (varones), y en casas de misericordia y hospicios (mujeres y niños).
Algunos de los más ricos lograron librarse de la prisión gracias a la protección de los alcaldes, los nobles o los curas de sus respectivos pueblos, y otros se hicieron pasar por payos. No pocos se fugaron de los lugares donde fueron confinados.
A pesar de todo, el marqués de Ensenada comprendió que había fracasado al no encontrar destino para tanto calé. El 28 de octubre, «dulcificó» en parte la injusta medida adoptada contra el pueblo gitano, publicando una instrucción en que la que puntualizaba que «Su Majestad solo ha querido desde el principio recoger los perniciosos y mal inclinados».
A partir de 1754 (tras la cesión de Ensenada como jefe del Gobierno) se aprobaron indultos parciales por los que fueron siendo liberados los ancianos, impedidos y viudas, hasta la publicación en 1763 del indulto general.
Aun así, durante los veinte años siguientes continuaron debatiéndose posibles medidas contra los gitanos. El conde de Aranda, por ejemplo, era partidario de su aniquilación y, como capitán general, manifestó que «si se toma una resolucion de extinguir esta casta libertina y criminal, no ha de servir de embarazo el mayor coste», mientras que los condes de Campomanes y Floridablanca se mostraron más moderados, logrando éste último que se decretase una pragmática «integradora» en 1783.
En el censo elaborado a finales del Setecientos, a instancias precisamente del conde de Floridablanca, aparecen medio centenar de gitanos avecindados en la ciudad de Alicante.
Pero los gitanos españoles continuaron siendo marginados y señalados como delincuentes durante los siglos siguientes. Basta con examinar la hemeroteca para comprobar que la inmensa mayoría de las noticias relacionadas con el mundo cañí que se publicaron en la prensa alicantina durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, tenían que ver con hechos delictivos protagonizados por gitanos.
Por ejemplo, el 7 de marzo de 1898, La Correspondencia Alicantina informó de un «sangriento suceso en la Goteta». El día anterior, por la noche, un grupo de gitanos entró con su carruaje en el fielato de consumos para presentar al adeudo dos calabazas llenas de vino. Todo fue bien hasta que los dependientes pidieron que se abonase el importe. Se satisfizo el pago, pero a continuación se originó una discusión que desembocó en una reyerta entre los dependientes Domingo y Bartolomé Blanco, y los gitanos. «(?) uno de ellos puñal en mano, trató de herir al Domingo, y al sujetarle el brazo evitando la agresión, otro de aquellos le atacó por la espalda, dándole un fuerte golpe en ella y una puñalada, que dobló el arma. Una vez en el suelo Domingo, seguidamente los otros sugetos, en número de cuatro ó seis embistieron contra el Bartolomé dándole gran número de puñaladas y disparando sobre él un tiro». Domingo fue curado en la Casa de Socorro de una herida punzante en la región lumbar, pero su tío, el cabo Bartolomé Blanco Cerrajón, fue trasladado al hospital en estado muy grave con once heridas de arma blanca y otra en el pecho de arma de fuego, falleciendo horas después. Durante aquella noche y mañana siguiente fueron detenidos seis individuos de etnia gitana. Dos de ellos, Antonio Fernández Aguilar, de 45 años, y Francisca Santiago Moreno, de 35, ambos naturales de Lorca, eran matrimonio.
Otro ejemplo: un hijo del matrimonio arriba citado, José Fernández Santiago, conocido con el apodo de Mandengue, era uno de los prófugos más buscados por la policía del sureste español desde que, en la noche del 4 al 5 de agosto de 1908, asesinara junto con su cuadrilla a dos hombres en el barrio lorquino de San Cristóbal. Seis años más tarde, la prensa alicantina se deshizo en elogios hacia el inspector Esteban del Valle y el vigilante Teodoro Tendero, por haber capturado al Mandengue en Alicante, a quien describían como «fornido y de elevadísima estatura». Alertados de su estancia en la ciudad, adonde había venido para «hacer callar a un cierto individuo, único que conocía sus hazañas en Lorca y que podía comprometerle», Tendero le buscó junto con dos compañeros durante varios días por «las cuevas y ventorrillos donde suele albergarse gente maleante», hasta que, por fin, lo encontraron en un campamento gitano que había en la falda del Benacantil. Negó ser el célebre y temido Mandengue. Se le ocuparon dos cédulas con nombre supuesto y «una especie de bayoneta que llevaba escondida entre sus ropas». Interrogado por Esteban del Valle, «concluyó por confesar de plano». Días después fue trasladado a Lorca.
Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, los gitanos alicantinos solían vivir (tal como contaba Diario de Alicante el 12-6-1914, en su noticia sobre la captura del Mandengue) en cuevas y campamentos levantados en la falda del Benacantil. También habitaban en otras cuevas y chozas que había en la Montañeta.
Después de la Guerra Civil, tras el desmonte de la Montañeta y el desalojo de las cuevas y campamentos en el Benacantil, la mayoría de los gitanos alicantinos eligieron para vivir algunas de las barriadas que fueron construyéndose a las afueras de la ciudad.
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En 1499 (siete años después de la expulsión de los judíos y tres antes de la conversión forzosa de los musulmanes), los Reyes Católicos firmaron en Medina del Campo una pragmática en la que, después de describir a los gitanos como nómadas facinerosos («Sabed que se nos ha fecho relacion de que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos e años ha, sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna, salvo pediendo lemosna, é hurtando, é trafagando, engañando é faciendovos fechiceros, é faciendo otras cosas no debidas ni honestas»), les instaban a elegir entre el sedentarismo o la desaparición, condenando a quienes siguieran viviendo como hasta entonces a sufrir latigazos la primera vez que fueran capturados, y a corte de orejas y al exilio la segunda.
En una pragmática fechada en 1717, Felipe V insistió en la obligación de los gitanos de avecindarse. Quienes eran sorprendidos vagabundeando, sobre todo si eran jóvenes, eran tratados como vagos y obligados a trabajos forzosos en arsenales u obras públicas. En dicho año está datado el primer documento en el que se citan a gitanos alicantinos. Para cumplir con la pragmática real, el alcalde mayor de la ciudad, Francisco Esteban Zamora y Cánovas, mandó elaborar un registro en el que únicamente apareció una familia gitana residente en la ciudad, dedicada a la agricultura y al comercio de ganado.
La legislación se endureció contra el pueblo calé a partir de la publicación de la real cédula de 30 de octubre de 1745, en la que la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos acuadrillados y sorprendidos con armas de fuego, se extendió a los «encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario». Las protestas que tal medida generó entre las autoridades de aquellos lugares donde residían gitanos honrados, hizo que se dictara una provisión el 19 de julio de 1746 en la que se exceptuaba de prisión y pena de muerte a aquellos que, sorprendidos en pleno viaje, estuviesen avecindados durante los últimos diez años.
Pero con la llegada del marqués de la Ensenada a la presidencia del Gobierno dio comienzo la época más aciaga padecida por el pueblo cañí español. Concibió Ensenada un plan para «exterminar tan malvada raza»; un plan militar parecido al que acabó con la expulsión de los moriscos siglo y medio antes. «La prision ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Antes se han de reconocer los puntos de retirada para apostarse en ellos tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el secreto, en el cual consiste el logro y el que los gitanos no se venguen de los pobres paisanos». Después de informarse de la manera como se expulsó a los gitanos de la vecina Portugal, de obtener del Papa el permiso para excluir a los calés del asilo eclesiástico (refugio en templos) y convencer a Fernando VI, Ensenada llevó a efecto su plan. El 29 de julio de 1749 se produjo la conocida como Gran Redada contra los gitanos en todo el país. Unos 9.000 fueron apresados durante aquel día. En Alicante, fue el castillo de Santa Bárbara el lugar elegido por las autoridades para recluir no solo a los gitanos que residían en la ciudad, sino de la mayoría de los que vivían en el Reino de Valencia. Pero, para evitar que siguieran procreándose, los varones (mayores de siete años) y las mujeres fueron encerrados por separado: en arsenales y castillos (varones), y en casas de misericordia y hospicios (mujeres y niños).
Algunos de los más ricos lograron librarse de la prisión gracias a la protección de los alcaldes, los nobles o los curas de sus respectivos pueblos, y otros se hicieron pasar por payos. No pocos se fugaron de los lugares donde fueron confinados.
A pesar de todo, el marqués de Ensenada comprendió que había fracasado al no encontrar destino para tanto calé. El 28 de octubre, «dulcificó» en parte la injusta medida adoptada contra el pueblo gitano, publicando una instrucción en que la que puntualizaba que «Su Majestad solo ha querido desde el principio recoger los perniciosos y mal inclinados».
A partir de 1754 (tras la cesión de Ensenada como jefe del Gobierno) se aprobaron indultos parciales por los que fueron siendo liberados los ancianos, impedidos y viudas, hasta la publicación en 1763 del indulto general.
Aun así, durante los veinte años siguientes continuaron debatiéndose posibles medidas contra los gitanos. El conde de Aranda, por ejemplo, era partidario de su aniquilación y, como capitán general, manifestó que «si se toma una resolucion de extinguir esta casta libertina y criminal, no ha de servir de embarazo el mayor coste», mientras que los condes de Campomanes y Floridablanca se mostraron más moderados, logrando éste último que se decretase una pragmática «integradora» en 1783.
En el censo elaborado a finales del Setecientos, a instancias precisamente del conde de Floridablanca, aparecen medio centenar de gitanos avecindados en la ciudad de Alicante.
Pero los gitanos españoles continuaron siendo marginados y señalados como delincuentes durante los siglos siguientes. Basta con examinar la hemeroteca para comprobar que la inmensa mayoría de las noticias relacionadas con el mundo cañí que se publicaron en la prensa alicantina durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, tenían que ver con hechos delictivos protagonizados por gitanos.
Por ejemplo, el 7 de marzo de 1898, La Correspondencia Alicantina informó de un «sangriento suceso en la Goteta». El día anterior, por la noche, un grupo de gitanos entró con su carruaje en el fielato de consumos para presentar al adeudo dos calabazas llenas de vino. Todo fue bien hasta que los dependientes pidieron que se abonase el importe. Se satisfizo el pago, pero a continuación se originó una discusión que desembocó en una reyerta entre los dependientes Domingo y Bartolomé Blanco, y los gitanos. «(?) uno de ellos puñal en mano, trató de herir al Domingo, y al sujetarle el brazo evitando la agresión, otro de aquellos le atacó por la espalda, dándole un fuerte golpe en ella y una puñalada, que dobló el arma. Una vez en el suelo Domingo, seguidamente los otros sugetos, en número de cuatro ó seis embistieron contra el Bartolomé dándole gran número de puñaladas y disparando sobre él un tiro». Domingo fue curado en la Casa de Socorro de una herida punzante en la región lumbar, pero su tío, el cabo Bartolomé Blanco Cerrajón, fue trasladado al hospital en estado muy grave con once heridas de arma blanca y otra en el pecho de arma de fuego, falleciendo horas después. Durante aquella noche y mañana siguiente fueron detenidos seis individuos de etnia gitana. Dos de ellos, Antonio Fernández Aguilar, de 45 años, y Francisca Santiago Moreno, de 35, ambos naturales de Lorca, eran matrimonio.
Otro ejemplo: un hijo del matrimonio arriba citado, José Fernández Santiago, conocido con el apodo de Mandengue, era uno de los prófugos más buscados por la policía del sureste español desde que, en la noche del 4 al 5 de agosto de 1908, asesinara junto con su cuadrilla a dos hombres en el barrio lorquino de San Cristóbal. Seis años más tarde, la prensa alicantina se deshizo en elogios hacia el inspector Esteban del Valle y el vigilante Teodoro Tendero, por haber capturado al Mandengue en Alicante, a quien describían como «fornido y de elevadísima estatura». Alertados de su estancia en la ciudad, adonde había venido para «hacer callar a un cierto individuo, único que conocía sus hazañas en Lorca y que podía comprometerle», Tendero le buscó junto con dos compañeros durante varios días por «las cuevas y ventorrillos donde suele albergarse gente maleante», hasta que, por fin, lo encontraron en un campamento gitano que había en la falda del Benacantil. Negó ser el célebre y temido Mandengue. Se le ocuparon dos cédulas con nombre supuesto y «una especie de bayoneta que llevaba escondida entre sus ropas». Interrogado por Esteban del Valle, «concluyó por confesar de plano». Días después fue trasladado a Lorca.
Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, los gitanos alicantinos solían vivir (tal como contaba Diario de Alicante el 12-6-1914, en su noticia sobre la captura del Mandengue) en cuevas y campamentos levantados en la falda del Benacantil. También habitaban en otras cuevas y chozas que había en la Montañeta.
Después de la Guerra Civil, tras el desmonte de la Montañeta y el desalojo de las cuevas y campamentos en el Benacantil, la mayoría de los gitanos alicantinos eligieron para vivir algunas de las barriadas que fueron construyéndose a las afueras de la ciudad.
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